Autoridades reclamaron más apoyo

Mientras las empresas privadas demuestran su compromiso con el sentir de la población y apoyan a los gobiernos locales en la lucha para detener los contagios de COVID-19 en la provincia de Islay, mediante la donación de alimentos, kits de bioseguridad y fortaleciendo medidas preventivas, como el lavado de manos, la atención del Estado es muy poca.

Esto fue manifestado por los alcaldes de los distritos de Islay que estuvieron presentes en la reunión presidida por el Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, el último 3 de julio en la Estación Cultural. Las autoridades denunciaron que los centros de salud de la provincia se encuentran en total abandono y ningún productor agrario ha recibido el Bono Rural.

Quien brilló por su ausencia, demostrando un desinterés total en el control del coronavirus en su jurisdicción, fue Julio Cornejo Reynoso, el alcalde distrital de Cocachacra, ese mismo que afirmó meses atrás que los casos positivos de COVID-19 registrados en el distrito habían sido sembrados. El mismo que no le paga a los trabajadores municipales, entre ellos los responsables de la limpieza, quienes están en la primera línea de defensa contra el coronavirus.

Los casos positivos de COVID-19 en Islay aumentan de manera preocupante y mientras las autoridades y representantes del sector salud buscan acciones concretas para detener el avance de la enfermedad, Julio Cornejo Reynoso no hace nada, excepto rechazar cualquier acción de la empresa privada sin ninguna razón. Es decir, juega el papel del perro del hortelano.

De otro lado, el jefe de la Red de Salud Islay, Néstor Montesinos, propone declarar la inmovilización obligatoria en la provincia durante 15 días, para controlar el contagio del COVID-19, y le solicitó al Ministro de Agricultura el apoyo del Poder Ejecutivo respecto a la medida. Igualmente, Montesinos planteó fortalecer las medidas de prevención, ante el probable incremento de casos que se registraría durante julio.

A pesar de las deficiencias en el sector salud registradas en la provincia de Islay, hay voluntad y preocupación de la mayoría de autoridades, que saben que ahora deben adoptar medidas concretas y urgentes, pues la vida de la población está en juego. Lamentablemente, no todos los alcaldes toman conciencia de que la lucha contra el COVID-19 no es un juego.

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